La Plataforma del Tercer Sector, que aglutina a 30.000 organizaciones sociales y representa a los cinco millones de voluntarios que hay en España, ha solicitado a los partidos políticos que formen parte del próximo Gobierno que cumplan su compromiso de poner en marcha un plan de lucha contra la pobreza. Lo considera “una prioridad”, a la que suma la aplicación y desarrollo de la Ley del Tercer Sector.
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Así lo la manifestado el presidente de la plataforma, Luciano Poyato, ahora reelegido. “Partimos con una ventaja, que fuimos capaces de contarles todas nuestras propuestas a los distintos partidos políticos”, manifiesta.
“Se lo hemos dicho a todo el mundo: no estamos de acuerdo en esperar a que haya un crecimiento económico que aumente el empleo y mientras esta bolsa de exclusión sigue ahí, porque cuanto más tiempo pase va a ser peor la capacidad de inserción y de tener una vida mínimamente digna. No podemos parar. Tenemos que hacernos un hueco”.
Ley del Tercer Sector Sector
Respecto al “despliegue” de la reciente Ley del Tercer Sector, que tendrá que ser evaluada en dos años, Poyato destaca que ese texto avala el papel de interlocución de las organizaciones a las que representa y que también fue aprobada en el Parlamento, tanto por diputados del partido del Gobierno como de otros grupos.
Por todo ello, Poyato considera que, en este contexto de negociaciones políticas para formar gobierno, es “el momento” de la plataforma.
En su opinión, a pesar de la incertidumbre política, ésta puede colocar a la plataforma “en un buen papel”, porque está acostumbrada “a pactar mucho” y a tener “capacidad propositiva”. “O metemos nuestra agenda en las propuestas que vayan haciendo los distintos partidos que vayan a gobernar o se nos va a escapar el tren”, subraya.
Asimismo, indica al próximo Gobierno que las propuestas “no son grandes hazañas”, sino “cosas que se pueden hacer realidad”. “Es una cuestión fundamentalmente de voluntad política”, insistió.
Subvenciones
Entre las propuestas, la Plataforma del Tercer Sector pone el acento en que se garanticen las subvenciones que las organizaciones sociales reciben a través del IRPF, que ya propuso en la anterior legislatura y sobre lo que “está habiendo una buena escucha” tanto del Gobierno en funciones como del resto de aspirantes.
“Seguimos insistiendo en que tiene que haber un modelo de gestión estatal que arregle los desequilibrios económicos en materia de política social que hay en las distintas comunidades autónomas”, reafirma Poyato.
“Las campañas del 0,7% destinado a fines sociales cada vez están implicando a más gente y es el único impuesto que uno puede decidir libremente a lo que se dedica”, recalca.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector recuerda que varios grupos parlamentarios “estaban de acuerdo” en la reforma constitucional para que la Carta Magna considere los derechos sociales como fundamentales y dejen de ser “derechos de segunda”. Esa reforma también reconocería “como agente de diálogo civil” al Tercer Sector.
“Si los derechos sociales pasan a ser fundamentales, podríamos empezar a defender una política estatal compartida con las comunidades autónomas sin quitarles competencias, y podríamos estar hablando de una Ley de servicios sociales de ámbito estatal”. Con ello se solucionarían “grandes situaciones de exclusión en nuestro país”, concluye.